La disputa por las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo judicial y geopolítico. Este martes, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata (Cecim) presentaron una demanda formal desde Tierra del Fuego para frenar el proyecto Sea Lion, una iniciativa de explotación hidrocarburífera impulsada por la petrolera británica Rockhopper y la israelí Navitas.
El plan de las corporaciones prevé iniciar la extracción de crudo en 2028 y extenderla por más de 30 años en aguas cercanas al archipiélago, lo que encendió todas las alarmas en el plano ambiental y diplomático.
"Ocupación ilegal" y reclamo de acciones concretas
En diálogo con RFI, Enrique Viale, presidente de la AAdeAA, fue lapidario contra el avance inconsulto de las empresas: "Esto es una ocupación ilegal de las islas Malvinas por parte del gobierno británico. Pero además, en el mar argentino, las corporaciones no han pedido ningún tipo de autorización ambiental a las autoridades nacionales", cuestionó.
Si bien reconoció que existe un comunicado de la Cancillería argentina que declara la actividad como ilegal, el letrado remarcó la falta de respuestas firmes: "Nosotros lo usamos para argumentar nuestra acción judicial, pero no hay acciones concretas, que es también lo que estamos pidiendo".
Desde la óptica de los demandantes, el megaproyecto no solo viola el principio de soberanía, sino que colisiona abiertamente con una resolución de las Naciones Unidas que exige evitar acciones unilaterales mientras el diferendo entre Buenos Aires y Londres permanezca abierto.
El fantasma de un desastre ecológico
Más allá de la tensión soberana, la demanda pone el foco en el peligro ambiental irreversible que implicaría un accidente en el Atlántico Sur, una región que mantiene una estrecha "conexión ecológica" con la Antártida.
"El riesgo de derrame, según los especialistas, es más del 40%. Lo que un derrame afectaría es absoluto, llegando incluso a la costa del territorio continental argentino", advirtió Viale. En esa línea, recordó que la zona afectada es el hábitat natural de la ballena franca austral, "uno de los animales más magníficos del mundo".
Una herida abierta
La causa vuelve a poner en primer plano el diferendo histórico entre ambos países. A más de cuatro décadas de la guerra de 1982 —el conflicto de 74 días que culminó con la rendición argentina y dejó un saldo de 649 compatriotas y 255 británicos muertos—, el reclamo diplomático se mantiene inalterable.
Mientras el Reino Unido continúa administrando el archipiélago como territorio de ultramar, la justicia argentina se convierte ahora en el nuevo escenario para intentar frenar la avanzada económica sobre los recursos naturales del mar austral.
Fuente: RFI - Paola Ariza
